Se trata de una prestación a la que tendrá derecho el cónyuge al que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

¿Cómo se cuantifica la pensión compensatoria?

La cuantía de la pensión compensatoria vendrá determinada en función de las circunstancias económicas y personales de los cónyuges, como por ejemplo: la edad y el estado de salud del cónyuge con derecho a pensión, la dedicación pasada y futura a la familia, la duración del matrimonio, la colaboración en las actividades mercantiles o profesionales del otro cónyuge, la pérdida eventual de un derecho de pensión, los acuerdos a los que hubieran llegado los cónyuges, el caudal y los medios económicos y necesidades de uno y otro cónyuge y cualquier otra circunstancia que pueda concurrir..

¿En qué momento debe establecerse la pensión compensatoria?

Para el supuesto de que corresponda a uno de los cónyuges el derecho a pensión compensatoria, necesariamente deberá ser reconocida al momento de la ruptura.

¿Puede acordar el tribunal de “oficio” el derecho a pensión compensatoria?

En ningún caso podrá el Tribunal acordar el derecho a pensión compensatoria, si no se ha solicitado expresamente por una de las partes, se trata de una materia disponible por las partes y sin petición expresa el Tribunal no podrá fijar pensión compensatoria.

Por tanto si en el convenio regulador de separación y/o divorcio no se ha pactado pensión compensatoria o bien en el procedimiento contencioso no se solicita en el escrito de demanda o de contestación a la demanda, en su caso, caducará la posibilidad de solicitar la pensión compensatoria ya que el desequilibrio que da origen al reconocimiento de la pensión debe ser referido al momento de la ruptura matrimonial.

¿Cuál es el plazo de duración de la pensión compensatoria?

La pensión compensatoria podrá ser fijada por un tiempo determinado o bien establecerse con carácter indefinido.

En el primero de los supuestos, transcurrido el plazo por el que fue fijado el derecho a percibir pensión compensatoria, queda extinguida de pleno derecho, sin necesidad de resolución judicial alguna.

En el supuesto de que se fije la pensión compensatoria sin un tiempo de duración determinado, para su extinción o modificación habrá que acudir a las causas establecidas legalmente.

¿Puede renunciarse la pensión compensatoria?

Aún dándose los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión compensatoria, el cónyuge que tenga derecho a la misma, podrá hace renuncia expresa de dicho derecho, siempre que dicha renuncia se haya producido de forma libre y sin coacciones.

¿En qué forma se abona la pensión compensatoria?

La pensión podrá ser abonada mensualmente, durante el plazo que se haya acordado por las partes o bien fijado en resolución judicial o podrá ser abonada mediante un pago único.

Igualmente podrá acordarse por las partes la sustitución de la pensión fijada judicialmente por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

¿Se tiene que actualizar la pensión compensatoria?

En aquellos casos en que se acuerde el pago de la pensión mediante una periodicidad mensual, las partes fijarán el criterio de actualización de la pensión, siendo el criterio más usual el de la actualización mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo.

¿Una vez establecida la pensión compensatoria se puede modificar su cuantía?

Legalmente se prevé la posibilidad de modificar la cuantía de la pensión compensatoria siempre que se haya producido una alteración sustancial en la fortuna de uno u otro cónyuge.

La jurisprudencia ha fijado el criterio de que, concurriendo los requisitos antes expuestos, la modificación será siempre a la baja, nunca a la alza ya que una vez producida la quiebra matrimonial si el cónyuge deudor de la pensión viniere a mejor fortuna, ello no daría lugar al incremento de la pensión compensatoria al no haber tenido participación alguna el cónyuge deudor en esa mejora económica

¿Cuándo se extingue la pensión compensatoria?

Las causas de extinción de la pensión compensatoria vienen establecidas en el Código Civil, a saber:

Cese de la causa que motivó el derecho a pensión, es decir, desaparición del desequilibrio económico que originó el reconocimiento de la pensión compensatoria.
Por contraer la persona acreedora de la pensión nuevo matrimonio.
Por convivencia marital de la persona acreedora de la pensión con otra.
No se trata de una extinción automática, por tanto, a falta de acuerdo, habrá que acudir a un procedimiento dirigido a tal fin.

¿El fallecimiento de la o el cónyuge deudor es causa de extinción de la pensión compensatoria?

Para que se extinga la pensión compensatoria en los supuestos de fallecimiento de la o el cónyuge deudor, sus herederos deberán solicitar judicialmente la reducción o supresión de aquella y deberán acreditar que el caudal hereditario no alcanza para seguir pagando la pensión o bien afecta a sus derechos en la legítima.

¿La extinción de la pensión compensatoria se produce de forma automática?

Aún cuando concurran las causas anteriormente expuestas, salvo pacto en contrario, se requiere de un procedimiento judicial en el que se acredite la existencia de causa de extinción y se dicte una resolución en la que se acuerde la supresión de la pensión compensatoria.

Por tanto la persona deudora de la pensión deberá instar un procedimiento judicial en el que le corresponderá probar la existencia de la causa de extinción alegada.

¿Los efectos de la extinción de la pensión compensatoria se retrotraen al momento de la existencia de la causa que la provocó?

En ningún caso; la resolución judicial produce efectos a partir del momento en que se dicta y en consecuencia la extinción de la pensión compensatoria no tendrá efectos retroactivos debiendo, por tanto, la persona deudora de la pensión abonarla hasta la fecha de la sentencia en que se declare su extinción.

¿En qué consiste la pensión regulada en el artículo 1438 del código civil?

En una compensación que puede reconocerse a favor del cónyuge que durante la vida matrimonial se haya dedicado al cuidado de la familia y al trabajo de la casa, siempre que el régimen económico vigente en el matrimonio sea el de separación de bienes.

Es decir, se trata de una compensación de carácter económico que se confiere al cónyuge dedicado a las tareas del hogar, por la pérdida de oportunidades que ello supone desde el punto de vista laboral/profesional, y la pérdida económica al no participar de las ganancias del otro cónyuge.

¿En que casos se puede reconocer dicha compensación?

Es necesario que el cónyuge que crea tener derecho a la misma, la solicite expresamente dentro del proceso matrimonial, o bien, en un proceso independiente.

Hay tribunales que interpretan que no se tiene derecho a dicha pensión si el otro cónyuge no ha obtenido un incremento de patrimonio durante la vigencia del régimen de separación de bienes.

¿Cómo se realiza el cálculo de la compensación?

El cálculo puede realizarse valorando el coste del trabajo de una persona y no exige que el cónyuge acreedor de dicha pensión deba haberse dedicado en exclusiva a las tareas del hogar), puede haber compatibilizado trabajo fuera y dentro de la casa, pero debe haber sido responsable de las tareas del hogar y del cuidado de la familia.

¿Y el pago de dicha compensación en qué forma se establece?

El importe de la compensación puede fijarse en una cantidad a tanto alzado, cuyo pago se realice de una vez, o bien de forma aplazada, o con periodicidad mensual durante un tiempo determinado. No hay obstáculo legal alguno para que la compensación reconocida se pueda abonar mediante la entrega de un bien.

¿Es compatible la pensión del artículo 1438 del código civil con la pensión compensatoria?

Ambas compensaciones son compatibles, y no hay impedimento para el reconocimiento de ambas, siempre y cuando concurran los requisitos legales para ello. La razón de su compatibilidad estriba en su diferente naturaleza jurídica.

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con lo relacionado con la pensión compensatoria.

Contacte con nosotros mediante llamada telefónica al 928 33 61 08 o rellenando el formulario, le responderemos lo antes posible.

 

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”

¿Una mujer que ha sido agredida en diversas ocasiones por su pareja, tiene miedo y no tiene claro lo que quiere hacer. ¿Dónde pueden orientarla?

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, tiene el teléfono de información y atención gratuita 016, que no deja rastro en la cuenta de teléfono.

Es un servicio público en el que se facilita tanto información sobre los derechos de las víctimas de violencia de género y los recursos disponibles para su atención, como asesoramiento jurídico especializado.

Por otra parte, los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas disponen de distintos servicios o centros de atención o información a la mujer, en algunos casos, específicos para mujeres maltratadas, donde se proporciona información, orientación o se deriva a los servicios especializados, y donde se facilita atención psicosocial tanto a las mujeres como a sus hijos/as, atención jurídica, apoyo educativo, etc.

Asimismo, los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas disponen de servicios telefónicos de información y atención a mujeres.

¿Las relaciones de noviazgo deben entenderse como relaciones de afectividad “análogas” a las de matrimonio a los efectos de la comisión de un delito del maltrato habitual o no habitual?

Si bien es cierto que han existido sentencias dictada por alguna Audiencia Provincial de forma aislada, lo cierto es que el criterio mayoritario es que la relación de noviazgo debe incluirse dentro de las relaciones a que se refieren los artículos 153 y 173 del Código Penal, teniendo en consideración, no obstante, que dicha relación de noviazgo debe revestir ciertas características de forma taxativa, siendo relevante que se exista estabilidad en la relación y que no se trate de algo puntual o esporádico.

¿Puede entenderse que existe violencia de género si la relación entre víctima y agresor terminó hace ya algunos años?

Sí, puede darse esa circunstancia, siempre y cuando exista una relación directa o indirecta entre el acto de violencia que tiene lugar en la actualidad y la relación de pareja que existió entre el agresor y la víctima.

No puede establecerse un límite temporal determinado, si bien, si dicha relación de causalidad existe y puede acreditarse, estaremos ante un episodio de violencia de género del cual conocerán los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

¿Siempre es necesario presentar una denuncia para obtener del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer una orden de protección?

No es imprescindible la formulación de denuncia, aunque sí es lo más aconsejable.

Por violencia de género diversas son las personas que pueden hacer llegar al Juzgado que se está cometiendo un hecho delictivo como los servicios médicos con el parte de lesiones, atestado policial aunque la victima no realice denuncia, o personas vecinas que conociesen los hechos.

Asimismo, la orden de protección puede ser solicitada no sólo por la víctima de la violencia, sino por otras personas allegadas a la misma, por el Ministerio Fiscal o incluso ser dictada por el Juzgado de oficio.

De esta forma, puede suceder que aunque la víctima no haya formulado denuncia, el juzgado tenga conocimiento del hecho delictivo a través de otras vías (parte de lesiones, atestado policial, denuncia de una tercera persona que conociese los hechos, etc…)

¿Quién puede solicitar una orden de protección?

La víctima de actos de violencia física o psicológica por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Los descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, los menores o incapaces que convivan con la víctima o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho.

El Ministerio Fiscal.

El órgano judicial puede acordarla de oficio.

Las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados que tuviesen conocimiento de la existencia de alguno de los delitos o faltas de violencia de género, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez/a de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, del Juez/a de Instrucción en funciones de guardia, o del Ministerio Fiscal con el fin de que el Juez/a pueda incoar o el Ministerio Fiscal pueda instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

¿Puede una mujer extranjera en situación irregular en España solicitar una Orden de Protección?

Sí, sin ningún problema, ya que su situación administrativa no va a incidir en el derecho a la asistencia integral que la ley le reconoce como víctima de violencia de género. Además, la víctima extranjera en situación irregular tiene derecho a regularizar su situación por razones humanitarias, según establecen las normas en materia de extranjería.

¿Qué es la orden de protección?

La orden de protección es un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones y concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de naturaleza civil.

Al mismo tiempo activa los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

¿En qué supuestos se dicta la orden de protección?

En los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de una mujer (por parte de un hombre que sea o haya sido su cónyuge o que esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia), resulta una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de alguna medida de protección.

¿Cómo y dónde se solicita la orden de protección?

A través de un formulario normalizado y único disponible en las Comisarías de Policía, los puestos de la Guardia Civil, las dependencias de las Policías Autonómicas y Locales, los órganos judiciales penales y civiles, las fiscalías, las Oficinas de Atención a las Víctimas, los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, los servicios sociales o instituciones asistenciales municipales, autonómicos o estatales.

El formulario también puede obtenerse a través de Internet: entre otras, Web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Web del Consejo General del Poder Judicial.

La orden de protección se ha de solicitar en:

-el Juzgado.
-la Fiscalía.
-las Comisarías de la Policía, los puestos de la Guardia Civil, las dependencias de las Policías Autonómicas y Locales.
-las Oficinas de Atención a las Víctimas.
-los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.
-los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

Una vez recibida la solicitud, ésta será remitida de forma inmediata al Juez/a de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, al Juez/a de Guardia.

¿Cuál es el procedimiento para dictarse la orden de protección?

Una vez recibida la solicitud, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, el Juzgado de Guardia, convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, a la persona solicitante de la orden de protección si es distinta de la víctima, al agresor asistido de abogado, y al Ministerio Fiscal.

La audiencia ha de convocarse en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud.

Durante la audiencia, se podrá practicar la prueba que fuera necesaria para acreditar la situación de violencia de género y el posible peligro para la víctima. El Juzgado adoptará las medidas oportunas para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos e hijas y los restantes miembros de la familia.

Celebrada la audiencia, se resolverá por medio de auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, adoptando las medidas penales y civiles que considere convenientes.

La orden de protección será notificada a las partes (agresor y Fiscal), y comunicada por el Juzgado, inmediatamente, a la víctima y a las Administraciones Públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica, etc. A estos efectos, se remitirá la orden de protección a los Puntos de coordinación de las Comunidades Autónomas.

Tras la adopción de la orden de protección, se deberá informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración Penitenciaria.

Asimismo, la orden de protección se inscribirá en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

¿Qué medidas pueden adoptarse en la orden de protección?

Medidas penales:

-Privativas de libertad (prisión provisional).
-Prohibición de aproximación.
-Prohibición de residencia.
-Prohibición de comunicación.
-Retirada de armas u otros objetos peligrosos.

Medidas civiles:

-Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.
-Determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos.
-Régimen de prestación de alimentos.
-Cualquier medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio.

Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces.

Las medidas de naturaleza civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el/la Juez/a de Primera Instancia o el/la Juez/a de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.

Medidas de asistencia y protección social:

La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección que constituye título suficiente para acceder a las medidas de asistencia y protección social establecidas por el ordenamiento jurídico, bien por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales:

-Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia, gestionada por los Servicios Públicos de Empleo.
-Ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gestionada por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
-Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
-Derechos laborales y de Seguridad Social.
-Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedida cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de autorización de residencia independiente de los familiares reagrupados.

¿Pueden acordarse en la orden de protección sólo medidas de índole civil?

No, no pueden adoptarse exclusivamente medidas civiles, toda vez que la ausencia de petición de medidas penales estaría revelando que no existe la situación objetiva de riesgo exigida por la ley en cuanto a ataques contra la integridad física o bienes jurídicos de la víctima que justifiquen la adopción de la orden de protección.

Si la víctima no quiere que el denunciado conozca la nueva dirección en la que se ha establecido, ¿puede ese deseo ser compatible con la concesión de una orden de protección en la que se establezcan medidas penales de prohibición de acercamiento?

Sí es posible, ya que, tal y como lo prevé el artículo 63.1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en los procedimientos seguidos por violencia de género, debe protegerse la intimidad de las víctimas y ello incluye el derecho a la protección de sus datos personales.

Así las cosas, la orden de protección deberá contemplar en este supuesto la prohibición de acercamiento respecto de la víctima, en el radio de protección que se determine y dondequiera que ésta se encuentre. E igualmente se hará mención a los posibles supuestos recogidos por el Código Penal: lugar de trabajo, lugares frecuentados por la víctima, etc…

¿Las victimas de violencia de género pueden tener defensa gratuita para el asesoramiento y en los procedimientos que se pongan en marcha?

Las mujeres víctimas de violencia de género cuyos ingresos económicos, computados anualmente y por unidad familiar (excluyendo los del agresor) no superan el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tienen derecho a un abogado o abogada del turno de oficio del Colegio de Abogados que les defienda gratuitamente.

Con carácter excepcional, puede reconocerse el derecho a las personas cuyos ingresos no excedan del cuádruplo del IPREM, en atención a sus circunstancias familiares, obligaciones económicas y coste del proceso.

La solicitud se puede obtener y presentar en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, así como en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito de los Juzgados. También se puede descargar de la página Web del correspondiente Colegio de Abogados.

Asimismo, las víctimas de violencia de género que acudan a interponer una denuncia a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los órganos judiciales, pueden solicitar en las mismas dependencias policiales o judiciales que el Colegio de Abogados designe profesional de la abogacía que les defienda y ayude a formular la denuncia. Ello no es óbice para que posteriormente la víctima tenga la obligación de acreditar que cumple con los requisitos exigidos a todas y todos los ciudadanos para acceder al beneficio de justicia gratuita con carácter general, según se ha señalado anteriormente. Si se deniega el beneficio de justicia gratuita, la víctima deberá abonar los honorarios del profesional que le hayan asignado para su defensa.

Algunas asociaciones de mujeres disponen de programas de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de malos tratos, dando asistencia a las mujeres independientemente de su nivel de ingresos.

¿Hay alguna ventaja en llevar asistencia letrada en un procedimiento seguido por violencia de género?

Dentro de los derechos que le asisten a las víctimas de violencia de género, uno de ellos consiste en personarse en el procedimiento asistida por asistencia letrada y representación procesal, es decir, personarse como acusación personal en el procedimiento contra el agresor, siendo parte en el procedimiento.

Esta opción es la más aconsejable, toda vez que una vez que la víctima se persona como acusación particular, su abogada o abogado puede proponer cuantas diligencias de prueba le interesen para que sean practicadas e igualmente le serán notificadas, a través de su procuradora o procurador, las resoluciones dictadas en la causa.

Por el contrario, si la víctima no se persona posiblemente no se practiquen todas las diligencias de prueba que le interesen y convengan a la víctima, ni va a recibir la notificación de las resoluciones dictadas por el juez, salvo las expresamente previstas por la ley.

Si hay una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación dictada por un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en el marco de una orden de protección y el imputado la quebranta, ¿qué Juzgado conocerá del delito por quebrantamiento?

Dependerá de la forma en que se lleve a cabo el quebrantamiento. A priori, el quebrantamiento de condena o de medida cautelar se encuentra enmarcado dentro de los delitos contra la Administración de justicia, cuyo conocimiento no está atribuido legalmente a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, sino a los Juzgados de Instrucción.

Sin embargo, si para llevarse a cabo el quebrantamiento, el agresor comete actos que evidencien violencia ejercida contra la víctima, en ese supuesto sí podríamos hallarnos ante la competencia del mismo Juzgado de Violencia Sobre la Mujer que está tramitando el procedimiento inicial.

Si se acuerda la atribución del uso del domicilio conyugal a la mujer y pasan los 30 días preceptivos sin que se presente la demanda civil ¿comete el marido un delito de quebrantamiento si regresa al domicilio pasado ese plazo?

Respecto a las medidas civiles, no existiría el quebrantamiento, toda vez que las mismas estarían caducadas al no haberse prorrogado las mismas mediante la presentación de la demanda. Sin embargo, como será necesario que existan medidas penales acordadas por el juez en el Auto concediendo la Orden de Protección (p.e. la salida del imputado del domicilio por violencia de género), habrá que estar al plazo de duración de las mismas para poder valorar si ha existido ese quebrantamiento o no.

¿Cómo debe interpretarse la presencia de menores en el momento de suceder el hecho violento para que dicha circunstancia suponga una agravación de la conducta del agresor?

En efecto, que el hecho se produzca en presencia de menores es una de las circunstancias previstas legalmente junto a otras (uso de armas, comisión del hecho en el domicilio familiar, etc…), en virtud de la cual la pena prevista puede imponerse en grado máximo.

Se requiere que el menor o los menores se encuentren integrados dentro del círculo de sujetos a los que se refiere el artículo 173.3 del Código Penal y no es necesario que se trate de una presencia física e inmediata, sino que basta con que el menor se aperciba de los hechos ocurridos y que ésta situación sea tenida en consideración por el agresor, es decir, que sea consciente de le presencia directa o indirecta del menor.

¿Qué ocurre si una mujer presenta una denuncia por maltrato habitual y posteriormente recuerda más detalles, otros episodios o localiza a personas que desean acudir a testificar a mi favor?

La víctima puede proceder a ampliar la denuncia inicial que ha dado origen al procedimiento, circunstancia ésta que es preferible se lleve a cabo antes de ser citada para la ratificación de la denuncia interpuesta y para prestar declaración, ya que así podrá ser preguntada sobre los hechos contemplados en la denuncia y en la posterior ampliación.

Si la víctima está personada como acusación particular, su letrada puede presentar ese nuevo escrito y si no, será la propia denunciante la que debe proceder a ampliar la denuncia.

¿Qué tipo de pruebas puedo aportar si estoy sufriendo maltrato psicológico?

Dada la dificultad para probar esta manifestación del maltrato es aconsejable poder reunir cuántos documentos de carácter médico tenga la víctima (p.e. si está siendo tratada por un psicólogo o psiquiatra que emite un informe, la historia clínica de la paciente, copia de las recetas prescritas por el facultativo si se toman tranquilizantes, antidepresivos, etc…). Posteriormente, una vez iniciado el procedimiento judicial, dichos profesionales deberán ratificar sus informes y además se recabará el informe de la Clínica Médico Forense adscrita al juzgado o del Equipo Psicosocial del mismo.

Igualmente relevante será contar con el testimonio de aquellas personas que hubiesen podido presenciar situaciones constitutivas de maltrato (insultos, vejaciones, desprecios, humillaciones, etc…) a fin de que testifiquen sobre ello en sede judicial. En este sentido, sería conveniente que ya constase una referencia a estas personas en la denuncia inicial.

Aunque es improbable, si existen mensajes de voz o de texto dejados en un teléfono móvil, los mismos deben transcribirse y comunicarse al juzgado a fin de que por el Secretario judicial se lleve a cabo un acta de trascripción de los mismos.

¿Un procedimiento seguido por malos tratos se tramita como juicio rápido?

Sólo en el supuesto de que nos encontremos ante un maltrato no habitual podrá iniciarse la tramitación del procedimiento como Diligencias Urgentes a fin de celebrar un juicio rápido y siempre y cuando el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer no estime, a petición de alguna de las partes (Ministerio Fiscal, defensa o acusación particular) que existen más diligencias de prueba cuya práctica es necesaria para el esclarecimiento y posterior enjuiciamiento de los hechos, en cuyo caso, el procedimiento se transformará en Diligencias previas a fin de tramitarse como un procedimiento penal abreviado “normal”.

Si nos encontramos ante un supuesto de un delito por maltrato habitual, en ningún caso el mismo seguirá los trámites del juicio rápido, sino que desde un primer momento se incoarán diligencias previas.

Si existe una medida de alejamiento y las partes reanudan la convivencia durante la vigencia de la misma, ¿puede la víctima verse imputada por el quebrantamiento de dicha medida?

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un primer momento, estableció que la mujer que consentía dicho incumplimiento era cooperadora necesaria por inducción en relación al delito de quebrantamiento. (STS de 26 de septiembre de 2005).

Sin embargo, dicha doctrina ha evolucionado, considerándose en la actualidad que el único que puede ser imputado por un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (según la naturaleza de la medida) es el agresor al cual se le impuso en su momento la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima, puesto que solamente él es el sujeto sobre el que pesa dicha medida.

Lo que sí debe tenerse en consideración es que el consentimiento de la mujer en ningún caso va a excluir la responsabilidad penal de quien quebranta la medida o pena accesoria, según el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008.

Cuando se dicta sentencia condenatoria por delito de violencia de género que lleve pena accesoria de prohibición de acercamiento y comunicación, qué precauciones deben tomarse para que si se incumple la medida, se considere quebrantamiento condena
Será necesario que se efectúe requerimiento expreso al condenado, apercibiéndole de las consecuencias que el posible incumplimiento de la pena accesoria podría suponer en cuanto al delito de quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal. Y ello, tanto si nos encontramos ante una sentencia dictada de conformidad como si se trata de una sentencia dictada tras la celebración del pertinente juicio oral.

De esta forma, si posteriormente el penado quebranta la medida no puede alegar que desconocía la tipicidad de la acción o las consecuencias que ello podría generarle.

¿Qué ocurre cuando existen medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal (salida del domicilio del agresor, alejamiento, prohibición de comunicación, etc…) y se dicta la sentencia? ¿Se mantienen las mismas si la sentencia no es firme?

Precisamente para proteger a la víctima durante la tramitación de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra la sentencia y que, por lo tanto, no alcanza firmeza tras su dictado, el artículo 69 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prevé el mantenimiento de las referidas medidas que ya estuvieran vigentes en la fase de instrucción y enjuiciamiento. Tan sólo será necesario que la sentencia contenga un pronunciamiento expreso sobre este particular, de forma que la acusación particular y/o el Ministerio Fiscal deberán solicitarlo a fin de que el Juzgado así lo acuerde.

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con los temas legales relacionados con la violencia de género.

Contacte con nosotros mediante llamada telefónica al 928 31 92 77 o rellenando el formulario, le responderemos lo antes posible.

 

 

Fuente: www.inmujer.gob.es

Web ayuda ministerio sanidad: www.violenciagenero.msssi.gob.es

¿Qué es la sociedad de bienes gananciales?

Por medio de la sociedad de gananciales son comunes, es decir, de los dos cónyuges, los beneficios y ganancias que fueran obtenidos indistintamente por cualquiera de las dos partes. Estos bienes y ganancias serán divididos en dos partes iguales cuando se disuelva la sociedad de gananciales.

 

¿Qué bienes son de carácter ganancial?

En el Código Civil existe una relación de los bienes que son de carácter ganancial. Además de los bienes gananciales existen los bienes privativos, por lo que debemos conocer éstos para a continuación conocer los bienes que son gananciales.

¿Qué bienes son privativos?

  • Los bienes y derechos que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad de gananciales, que normalmente coincidirá con el comienzo del matrimonio.
  • Los que se adquieren después del comienzo de la sociedad de gananciales por título gratuito : donaciones, herencias, etc..
  • Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos: vivienda adquirida mediante la venta de unas acciones que se han adquirido por herencia..
  • Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.
  • Los bienes y derechos patrimoniales que pertenecen a uno de los cónyuges, por ser inherentes a la propia persona: derechos sobre propiedad intelectual.
  • El resarcimiento por daños causados a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos: indemnización por un accidente de tráfico.
  • Las ropas y objetos de uso personal siempre que no sean de extraordinario valor.
  • Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante de un establecimiento o negocio común de ambos cónyuges, o se hayan adquirido con dinero común del matrimonio.
  • Las cantidades periódicas que perciba uno de los cónyuges como consecuencia de un crédito privativo a su favor, se consideran privativas.
  • Las nuevas acciones o títulos suscritos como consecuencia de la titularidad de otras acciones privativas, lo serán también.

¿Qué bienes son gananciales?

  • Los obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges: salario.
  • Los frutos, las rentas o los intereses, en definitiva, los beneficios económicos que se produzcan tanto por los bienes privativos de cada cónyuge como por los gananciales: beneficio obtenido por el alquiler de una vivienda privativa o ganancial.
  • Las empresas y establecimientos constituidos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes -gananciales-.
  • Los que se adquieran con el dinero común, bien se haga la adquisición para uno o para los dos cónyuges, es decir, bien figuren ambos cónyuges en el título de compra o solo uno de ellos.
  • Los bienes donados de forma conjunta a los cónyuges, vigente la sociedad de gananciales, pertenecerán a ambos por mitad, salvo que el/la donante hubiera establecido otra proporción en la donación.
  • Son gananciales las ganancias obtenidas en el juego por cualquiera de los cónyuges.
  • Los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando la adquisición se realizara con fondos privativos.

 

¿Puede disponer de los bienes comunes cualquiera de los dos cónyuges?

Actos de disposición son aquellos que comprometen la existencia o subsistencia del bien en el patrimonio común, como los de enajenación o gravamen: ventas, constitución de hipotecas, etc. y para realizarlos se necesita el consentimiento de ambos cónyuges.

¿Cómo se regula la administración de los bienes gananciales?

La norma general que establece el Código Civil en orden a la administración de los bienes gananciales es la de la administración conjunta, ahora bien los cónyuges pueden establecer en las capitulaciones matrimoniales formas de administración distintas de las previstas en la Ley, siempre que las mismas no vulneren el principio de igualdad conyugal.

No obstante, también se suelen admitir, puesto que son revocables en cualquier momento, los poderes o consentimientos previos y generales que cualquiera de los cónyuges puede otorgar a la otra u otro para todo tipo de actos o para una serie de actos.

¿Existen excepciones al régimen de administración conjunta de los bienes gananciales?

En los siguientes supuestos es posible la administración individual de los bienes, sin perjuicio de la obligación de rendición de cuentas, si fuera requerida o requerido para ello:

Cada cónyuge como administradora o administrador de su patrimonio privativo, podrá disponer de los frutos de sus bienes privativos, sin consentimiento del otro cónyuge, a los solos efectos de destinarlos al levantamiento de las cargas y responsabilidades de la sociedad de gananciales.

Asimismo cada cónyuge podrá, sin consentimiento de la persona consorte, pero sí con su conocimiento, tomar a cuenta dinero ganancial para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes.

Cada cónyuge podrá por sí mismo realizar gastos urgentes de carácter necesario, aún cuando sean extraordinarios.
Asimismo serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren.

¿Qué es la disolución de la sociedad de gananciales?

La disolución de la sociedad legal de gananciales supone el fin de su vigencia, por las causas que a continuación se expondrán y a partir de ese momento se constituye una comunidad post ganancial que estará vigente hasta el momento en que se produzca la liquidación.

¿Qué causas disuelven la sociedad de gananciales?

Las causas de disolución se regulan en el Código Civil y consisten en:

Divorcio, Nulidad, Separación; en estos casos no es necesaria una declaración específica, es un efecto “ex lege” de la Sentencia que se produce de forma automática.

Capitulaciones modificando el régimen del matrimonio.

Fallecimiento de uno de los cónyuges o declaración legal de fallecimiento.

Resolución judicial en los siguientes supuestos, a petición de uno de los cónyuges:

Declaración de incapacidad, ausencia legal, quiebra, concurso de acreedores o condena por abandono de familia.

Haber realizado uno de los cónyuges por sí solo actos dispositivos que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro u otra cónyuge en la sociedad legal de gananciales.

Llevar separada o separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o abandono de hogar.

Incumplimiento reiterado y grave del deber de información sobre la marcha de las actividades económicas.

Supuesto de deudas contraídas por uno solo de los cónyuges pero de las que deba responder la sociedad legal de gananciales.

¿Qué es la liquidación de la sociedad de gananciales?

Consiste en la realización de aquellas operaciones particionales dirigidas al reparto material de los bienes y derechos que componen la sociedad de gananciales, adjudicando a cada uno o cada una de los cónyuges – o sus herederas o herederos- los bienes que le correspondan en la liquidación.

La liquidación de la sociedad legal de gananciales no podrá llevarse a cabo hasta tanto no se declare disuelta la sociedad por cualquiera de las causas antes expuestas.

¿Es posible liquidar la sociedad de gananciales en un proceso de separación o divorcio?

En el procedimiento de mutuo acuerdo cabe la posibilidad de que los cónyuges incluyan en el Convenio Regulador una estipulación conteniendo la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal y la adjudicación de los mismos a cada uno de los cónyuges.

Por el contrario en un proceso contencioso no es posible liquidar la sociedad de gananciales, sino que habrá que acudir al procedimiento judicial correspondiente.

¿En qué consiste el régimen de separación de bienes?

En el régimen de separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad, libre disposición y administración de todos sus bienes, y pertenecerán a cada uno de los cónyuges tanto los bienes que tuviesen antes de contraer matrimonio como los que adquieran con posterioridad, por tanto los cónyuges mantienen separados sus patrimonios, hay un patrimonio de cada cónyuge.

En consecuencia todos los ingresos que los cónyuges obtengan, procedan de sus bienes o trabajo serán propios, no participando ninguno de ellos en las ganancias del otro, sin perjuicio de la obligación de contribuir a las cargas del matrimonio, y de observar las reglas comunes para todos los regimenes económico-matrimoniales indicadas.

¿En qué supuestos rige el régimen de separación de bienes?

El régimen de separación de bienes, en el territorio común, debe ser pactado por los cónyuges, ya que se trata de un régimen legal supletorio de segundo grado y debe establecerse a través de las correspondientes capitulaciones matrimoniales, antes o después de la celebración del matrimonio, que deberán ser inscritas en el Registro Civil para poder ser oponible frente a terceros.

Sin embargo en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Baleares el régimen de separación de bienes es el régimen legal supletorio de primer grado, que regirá en el supuesto de que los cónyuges no pacten otro régimen diferente en capitulaciones matrimoniales.

Asimismo en los supuestos de reconciliación de los cónyuges separados, si no se pacta otro régimen económico diferente, regirá este régimen

¿Cuál es el régimen de administración en el régimen de separación de bienes?

En este régimen cada uno de los cónyuges mantiene plena libertad e independencia para la gestión, disposición y administración de los bienes propios, pudiendo disponer de ellos libremente como consideren conveniente, sin perjuicio de las limitaciones establecidas legalmente para todo régimen económico-matrimonial.

¿En el régimen de separación de bienes responden de las deudas privativas de un cónyuge los bienes del otro/a consorte?

Las obligaciones y deudas contraídas por cada uno de los cónyuges son de su exclusiva responsabilidad, no respondiendo el otro; sin embargo de las deudas contraídas por uno de los cónyuges para hacer frente a los gastos de la familia responderán ambos consortes.

¿En qué consiste el régimen de participación en ganancias?

Mediante el régimen de participación cada uno de los cónyuges adquiere el derecho de participar en las ganancias obtenidas por su cónyuge durante el tiempo de su vigencia.

Se trata de un régimen convencional que debe ser pactado por los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, bien antes o después de contraer matrimonio, y será necesaria la inscripción de dichas capitulaciones en el Registro Civil, a fin de que pueda tener efectos frente a terceros.

¿Qué porcentaje de participación puede establecerse en el régimen de participación?

Al momento de pactar el régimen ambos cónyuges deberán establecer el porcentaje de participación en que cada uno de los cónyuges participará en las ganancias de la otra u otro; este porcentaje de participación debe ser igual para ambos cónyuges y no podrá pactarse, por ejemplo, que uno de los cónyuges obtenga una participación de un 70% en las ganancias de su consorte y esta o este participe en un 40% en las ganancias del otro u otra; ambos porcentajes deberán ser iguales para ambos cónyuges.

En el supuesto de que existan descendientes no comunes solo podrá pactarse una participación por mitad en las ganancias.

¿Cuál es el régimen de administración en el régimen de participación?

En este régimen cada uno de los cónyuges mantiene la administración, disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían al momento de iniciarse el régimen de participación como los que pueda adquirir durante su vigencia, por cualquier título (compra, donación, herencia, etc.)

Al igual que ocurre en el régimen de separación de bienes si los cónyuges durante la vigencia del régimen de participación adquieren conjuntamente algún bien o derecho, éste les corresponderá en proindiviso ordinario en la proporción en que se haya adquirido el correspondiente bien.

En este régimen, al igual que en los anteriores, se establecen las limitaciones a la libre administración y disposición de los bienes propios

¿Cuáles son las causas de extinción del régimen de participación?

El régimen de participación se extingue por las mismas causas que el régimen de la sociedad legal de gananciales.

Además se configura una nueva causa de extinción del régimen de participación consistente en la irregular administración que un cónyuge realice de sus propios bienes cuando ello comprometa gravemente los intereses del otro/a.

¿Cuándo se materializa la participación en las ganancias?

Es al momento de realizarse la liquidación del régimen de participación cuando deberán determinarse las ganancias que se han obtenido durante su vigencia mediante la diferencia entre el patrimonio inicial, que poseían al inicio del régimen y el final, al momento de la extinción del régimen, de cada uno de los cónyuges.

Cuando la diferencia entre los patrimonios inicial y final de cada uno de los cónyuges arroja un resultado positivo, el cónyuge que haya experimentado un menor incremento deberá recibir del otro el porcentaje pactado sobre la diferencia entre su incremento y el incremento del otro cónyuge.

Fuente: inmujer.gob.es

En Abogados Janina y Asociados abogados en Las Palmas, podemos ayudarle con cualquier tema relacionados con la Sociedad de bienes gananciales.

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¿Qué es la patria potestad de las hijas e hijos menores?

Es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre las hijas e hijos y que comprende el deber de cuidarlos, educarlos, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes.,

El ejercicio de la patria potestad corresponderá, de forma compartida, a ambos progenitores, salvo excepciones contempladas legalmente, lo que significa que todas aquellas decisiones importantes que afecten a la vida de las hijas e hijos comunes deberán ser tomadas de forma conjunta por ambos progenitores, y a falta de acuerdo deberán ser sometidas a decisión judicial.

En consecuencia para adoptar decisiones referidas a la elección de colegio, autorización para una intervención quirúrgica, traslados de residencia fuera del lugar de su domicilio habitual, etc… se requerirá el consentimiento de ambos progenitores.

¿En qué consiste la patria potestad?

Las madres y los padres deben velar por las hijas e hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurar su formación integral. También representarlos y administrar sus bienes. Las hijas y los hijos están bajo la potestad de sus padres hasta su emancipación o mayoría de edad, y mientras dure deben obedecerles y contribuir al sostenimiento de la familia, si tienen medios para ello.

¿En qué se diferencia la patria potestad de la guarda y custodia?

Si ambos madres y padres viven juntos, ambas figuras se encuentran unidas. Si se produce la separación legal o el divorcio entre madres y padres; la guarda y custodia es la obligación de cuidar a las hijas e hijos la tiene la madre o el padre con quien conviven y por tanto es quien ejerce la decisión sobre cuestiones de la vida cotidiana.

¿Quién ejerce la patria potestad?

Las madres y los padres en igualdad de condiciones.

¿Y si alguna de las madres o padres no está de acuerdo con una decisión tomada por el otro u otra, por ejemplo, la elección de colegio?

Puede acudir al Juzgado que en un proceso en que se oirá a ambos y a la hija o al hijo si es mayor de 12 años, decidirá teniendo en cuenta el interés del o la menor.

¿Y si no están de acuerdo de forma reiterada en las decisiones tomadas por el o la otra progenitora?

El tribunal puede atribuir totalmente a uno u otra o distribuir entre ambos las diferentes funciones de la patria potestad.

¿En qué casos puede perderse la patria potestad sobre las hijas e hijos?

En caso de condena penal, relacionada con el abandono, el maltrato o los abusos sexuales. También en los casos en que la filiación haya sido determinada judicialmente con la oposición del padre.

¿La pérdida de la patria potestad implica el cese de la obligación de dar alimentos a la hija o al hijo?

No.

¿Pueden las madres y los padres renunciar a derechos, disponer de bienes o renunciar a herencias de las y los menores sobre los que ejercen la patria potestad?

No sin autorización judicial.

Fuente: www.inmujer.gob.es

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con la consecución de la patria potestad de hijos menores.

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¿Qué es la guarda y custodia compartida?, definición

Según la wikipedia, la guardia y custodia compartida es:

“La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. No se debe confundir la custodia legal con la patria potestad.

En el caso de custodia no compartida, y salvo casos excepcionales, los progenitores siguen teniendo los dos la patria potestad sobre los hijos. Este tipo de custodia la establece, en su caso, el juez, en la sentencia que dicte las medidas aplicables a la separación o divorcio.

Se contrapone a la figura de la custodia monoparental, que es la usual en países de raigambre latina. En caso de divorcio, cualquiera fuera la causa del mismo, suele darse la custodia a uno de los padres, confiriéndose al otro el derecho de visitas y el pago de los alimentos.”

Fuente wikipedia

¿Cuál es el criterio por el que se atribuye la guarda y custodia?

La idoneidad de las y los progenitores y el interés de las y los menores, para ello habrá que acreditar en el proceso judicial, cual de los progenitores se ha dedicado al cuidado y atención de las hijas e hijos comunes durante la convivencia, teniendo en cuenta datos tales como los horarios de trabajo de ambos, su disponibilidad para estar con los y las menores.

¿Se puede pactar la custodia compartida de mutuo acuerdo?

No existe obstáculo legal alguno para que las partes puedan establecer de común acuerdo un sistema de custodia compartida, debiendo delimitar en el convenio regulador, la forma de alternancia y los periodos en que los hijos e hijas comunes vayan a permanecer en compañía de cada uno de sus progenitores.

¿Puede fijarse la custodia compartida en supuestos de violencia de género?

No, está expresamente prohibida en aquellos supuestos en que cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de las hijas e hijos que convivan con ambos.

¿Puede establecer el tribunal la custodia compartida a falta de acuerdo entre ambos progenitores?

Los Tribunales podrán fijar una custodia compartida con carácter excepcional y siempre que concurran las siguientes circunstancias:

-Petición de una de las partes.
-Informe favorable del Ministerio Fiscal.
-Justificación de que solo de esa forma se protege el interés de la menor o el menor.

¿Cómo se regulan los tiempos de alternancia en la custodia compartida?

Legalmente no se ha regulado en qué tiempos se llevará a cabo la alternancia, no hay un tiempo preestablecido, serán las partes o el Tribunal, a falta de acuerdo, quienes fijen en función de las circunstancias concurrentes (edad de las y los menores, lugar de los domicilios de las y los progenitores, etc.) el periodo de alternancia, bien por semanas, meses, trimestres escolares o anualidades.
Fuente: www.inmujer.gob.es

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con la consecución de la guardia y custodia compartida.

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¿Qué es el convenio regulador?

El convenio regulador es un documento en el que ambas partes pactan, de mutuo acuerdo, determinadas cuestiones al respecto del proceso de divorcio. En el se determinan las normas con las que se regularán los asuntos correspondientes a éste proceso, léase, uso de la vivienda familiar, hijos, etc

Antes o durante la tramitación del procedimiento pueden pactar la mayoría de los aspectos de la misma. Los cónyuges pueden acordar con  quién se quedan los niños, régimen de visitas, uso de la vivienda familiar, régimen de visitas, etc

El convenio regulador es imprescindible y se debe acompañar a la presentación de la demanda. Este convenio permite una cierta libertad de pacto entre los cónyuges, pero sólo llegará a ser vinculante si el Juez, una vez comprobada su legalidad, lo incluye en la sentencia. De lo contrario, el Juez suplirá las carencias del convenio presentado por los cónyuges, tras ofrecerles la posibilidad de modificarlo.

En caso de no realizase el convenio regulador será el Juez, en la sentencia, el que establezca las normas que regularán la relación entre los cónyuges (con quién se quedan los niños, cual es el régimen de visitas, quién seguirá disfrutando de la vivienda familiar, etc.).

¿Qué debe contener el convenio regulador?

El contenido debe contener lo siguiente:
– Quién disfrutará la vivienda y propiedades familiares.
– Quién se quedará con las custodia de los hijos y el desarrollo del conjunto de derechos y deberes de los padres, las visitas , comunicaciones, etc.
– Cómo se dividirán las pensiones de alimentos a los hijos menores de edad, gastos de la vivienda, etc
– La liquidación, si procede, del régimen económico del matrimonio.
– La pensión que, en su caso deberá pagar un cónyuge a otro.

¿El Juez puede no aceptar el Convenio regulador?

El convenio ha de ser aprobado por el juez mediante sentencia. Éste puede rechazarlo por varios motivos, entre ellos: que sea perjudicial para los hijos o uno de los cónyuges.

¿Qué para si una de las partes no cumple el convenio?

Se puede obligar a la parte incumplidora a que lo cumpla, mediante la ejecución de lo establecido por la ley.

¿Tiene consecuencias penales el incumplimiento del convenio?

Incumplir el convenio se podría considerar delito de abandono familiar. Será necesario denunciar en cualquier Juzgado o Comisaría de Policía.

¿Se puede cambiar el contenido del Convenio una vez aprobado?

El convenio regulador, o las medidas adoptadas por el Juez en su defecto, podrían ser cambiados judicialmente en un futuro si cambiasen las circunstancias acordadas.

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con su proceso de divorcio.

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¿Qué hay que hacer ante un accidente de tráfico?

Si somos uno de los conductores implicados en el accidente de tráfico, intentaremos llegar a un acuerdo con el otro conductor y rellenar el “parte amistoso de accidente” en el lugar donde ha ocurrido el accidente.

En este parte hay que describir de forma clara y concisa cómo se produjo el accidente, cuales son los daños de los vehículos y diferentes datos personales que estén en el documente. Una vez rellenado ha de ser firmado por ambos conductores.

En caso de no llegar a un acuerdo entre los conductores implicados habrá que esperar a la presencia policial y seguir sus instrucciones.

En caso de que usted o alguno de los viajeros hayan sufrido lesiones, hay que solicitar asistencia médica para que deje constancia de los daños personales. Esta constancia será necesaria en un futuro para reclamar alguna compensación a la que pudiéramos tener derecho.

Debe dar parte a su compañía de seguros en un plazo máximo de 7 días según la Ley.

En caso de que hayan existido daños y lesiones, como consecuencia de la colisión, se aconseja utilizar la vía penal para reclamar, mediante la interposición de la correspondiente denuncia, para lo que se dispone de un plazo de 6 meses a contar desde la fecha del accidente.

Se aconseja usar la vía penal, interponiendo una denuncia, en caso de que hayan existido lesiones y daños como consecuencia del accidente de trafico. Para esto contamos con un plazo de 6 meses desde la fecha del accidente.

Es recomendable tener un abogado propio para asesorarnos. No se debe aceptar ninguna indemnización ni firmar ningún documento antes de que nuestro abogado verifique los documentos y condiciones.

¿En qué casos se tiene derecho a una indemnización?

  • El conductor que no sea culpable.
  • Todos los ocupantes de los vehículos implicados excepto el conductor culpable.
  • En un atropello, el peatón tendría derecho a recibir una indemnización, a no ser que éste sea culpable del atropello.
  • En caso de fallecimiento de una víctima, determinados familiares.

¿Cuáles son los daños en los que se puede pedir indemnización?

Por los daños personales, los gastos de asistencia sanitaria, los materiales, de farmacia y hospitalaria,se puede pedir una indemnización.

¿Qué plazos tengo para reclamar?

Interponer una denuncia: un plazo de 6 meses  desde el día del accidente.
Tribunales por la vía civil: dispone de 1 año desde la posibilidad de ejercitar la acción o desde que se hayan curado de las lesiones y se conozca el alcance definitivo de las secuelas.
Compañía aseguradora: un plazo de 7 días.

¿Cómo reclamo mi indemnización?

Es aconsejable negociar con la compañía de seguros la cantidad de la indemnización. Si el acuerdo no es posible hay que iniciar un proceso judicial en el que se reclamará la indemnización.

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con su proceso de indemnización por accidente de tráfico.

Contacte con nosotros mediante llamada telefónica al 928 31 92 77 o rellenando el formulario, le responderemos lo antes posible.

¿Qué es la herencia?

La herencia al acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos.

También se denomina herencia, al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una persona a su fallecimiento. Este conjunto de bienes y derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal hereditario (caudal relictio).

El caudal hereditario lo forma así el patrimonio del causante en el momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por el hecho de la muerte (derechos y obligaciones vitalicios y los personalísimos). Este caudal se relaciona en el inventario de bienes con su correspondiente pasivo.

¿Quienes son los herederos?

El heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes y derechos de una herencia.

El heredero recibe los bienes de la herencia y también responde con sus propios bienes de las deudas de la misma, salvo que la haya aceptado la herencia a beneficio de inventario.

Herederos cuando hay testamento: herederos voluntarios

Se denomina sucesión testada a aquella sucesión hereditaria en la que el fallecido ha dejado constancia de su voluntad mediante un testamento.

Este tipo de herederos se denomina “herederos voluntarios” y son los que expresamente se hayan puesto en el testamento para que hereden los bienes y derechos que componen en el patrimonio a heredar.

Herederos cuándo no hay testamento: herederos legales

La ley designa los herederos en caso de no haber testamento. Son por este orden: descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y El Estado en último lugar.

 

¿Cómo se acepta o se renuncia la herencia?

Se puede aceptar una herencia de dos maneras: “aceptación pura y simple” o “aceptación a beneficio de inventario”.

Aceptación pura y simple: 

Se heredan tanto los bienes como las deudas de la persona que ha hecho el testamento. En la aceptación pura y simple se asumen las responsabilidad de las deudas por parte de los herederos.

Aceptación a beneficio de inventario:

Los herederos  no adquieren responsabilidad personal deudas heredadas. Estas deudas se cubrirán única y exclusivamente con los bienes y/o derechos de la propia herencia., sin afectar el patrimonio de los herederos.

Renuncia de la herencia:

La renuncia a una herencia se hace de manera expresa y mediante escritura pública. La renuncia será por la totalidad de la herencia, no pudiéndose renunciar a unas partes y a otras no.

En Abogados Janina y Asociados, podemos ayudarle con su proceso de herencia.

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¿Qué es el Testamento?

Es un documento en el cuál se expresa la última voluntad de la persona. En el testamento se indica, una vez suceda el fallecimiento, quienes serán los herederos de los derecho y bienes y en que proporción.

Además de las anteriores puede contener otras disposiciones tales como la designación de tutor o albaceas o reconocimiento de un hijo.

Normalmente se formaliza ante notario. El formalizar el testamento puede evitar gastos y complicaciones a nuestros seres queridos una vez hayamos fallecido.

Hay tres tipos de testamentos:

Testamento Abierto:

Es el más frecuente, y se formaliza ante notario. Este redactará el testamento según las intrucciones del interesado.

En el se expresa de manera inequívoca  el año, mes, hora y lugar donde se ha formalizado.

Éste es el testamento más recomendable por lo siguiente:

  • Se cuenta con el asesoramiento del notario, el cuál se encarga de asegurar la validez del testamento y todas su claúsulas.
  • El testamento se conserva en la notaría.
  • Las personas enfermas y las que no saben leer ni escribir solo puede realizar este tipo de testamento.
  • Es el testamento más sencillo de realizar y de aplicar después del fallecimiento.

Se va al notario con D.N.I. o pasaporte y solicitar realizar el testamento.
Según la complejidad se solicitarán escrituras de bienes y demás. Entonces el notario redacta el testamento conforme a la legalidad. El cuál el testador firmará confirmándolo.

 

Testamento cerrado

Se entrega al notario un sobre cerrado que contenga el testamento, indicándole al notario si está escrito de puño y letra o mecánicamente.

Se levantará acta de la entrega y se leerá para ser firmada por el que testa y por el notario.

El notario no conoce el contenido del testamento por lo tanto es secreto.

 

Testamento Ológrafo

Este testamento estará escrito de puño y letra en su totalidad por la persona que hace testamento.

Estará firmado por éste y debe incluir la fecha, día, mes y año.

No puede escribirse a máquina ni a ordenador o escribirlo otra persona. Tiene que ser escrito en papel y con bolígrafo. Con la letra y la forma habitual. No puede contener escritos entre renglones ni tachaduras.

Este tipo de testamento hace el proceso más complicado e incrementa los gasto porque se nececitarían informes periciales que son obligatorios.

¿Qué ocurre si hay hijos menores?

Si se tienen hijos menores de edad sería conveniente designar un tutor para éstos en el testamento. Puede ser cualquier familiar, las funciones principares serán representar a los menores de edad, continuar su educación y vigilarlos.

Lo  normal es que el tutor ejerza cuando ambos padres hayan fallecido.

El tutor no puede disponer de los bienes que hayan heredado los menores, salvo que lo autorice un Juez.

En Abogados Janina y Asociados, podemos ayudarle con su testamento.

Contacte con nosotros mediante llamada telefónica o rellenando el formulario, le responderemos lo antes posible.

¿Qué es un mediador familiar?

El mediador familiar es un profesional que ayuda a contrarrestar las crisis producidas en el seno de la familia durante disputas y pleitos judiciales. Bajo el amparo de la ley del divorcio de 2005, el mediador familiar se ofrece como un intermediario complementario en los procesos clásicos de divorcio o separación.

¿En que consiste la mediación familiar?

Se trata de un proceso de resolución de enfrentamientos familiares, que posibilita que las partes que se hallan implicadas puedan comunicarse, expresando sus argumentos, intereses, expectativas y culminando, si se diera el caso, en acuerdos consentidos por ambas partes.

La figura del mediador se encarga de facilitar todo este proceso, velando por su legítimo funcionamiento, con la idea de crear una parcela de diálogo en la que reine la equidad en la comunicación, la libertad, la seguridad y, en definitiva, la igualdad de los implicados.

¿Qué beneficios comporta la utilización de un mediador familiar?

Gracias al mediador familiar se logran algunos importantes beneficios durante los complicados litigios familiares:

– Mitigar el daño psicológico y emocional que suele provocar un proceso de divorcio.
– Amparar a los hijos y favorecer su bienestar.
– Conseguir que sea la misma pareja la que tome las decisiones acerca de los términos de la separación y no un tercero, como puede ser un juez o un abogado, los cuales son ajenos a su modo de vida.
– Que prevalezca un ambiente de respeto y colaboración, que reste tensión al proceso.
– Lograr que los acuerdos consensuados sean duraderos, evitando de tal manera nuevos procesos judiciales.
– Conservar una futura vía de comunicación entre la pareja, por el bien de sus hijos.
– Un procedimiento más breve y asequible económicamente que un litigio contencioso en los juzgados.

Definitivamente, la función del mediador es la de construir puentes que permitan, al menos, un mínimo acuerdo, además de paliar las secuelas emocionales de la pareja, del resto de la familia y, sobre todo, de los hijos.

En Abogados Janina y Asociados, abogados en Las Palmas podemos ayudarle con su problema familiar. Somos abogados expertos en mediación familiar.

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